Sanciones millonarias a las empresas que no tengan implantado el canal de denuncias.
El pasado mes de Febrero 2023 se aprobó la nueva Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Con ella se establece la OBLIGACIÓN para las empresas de más de 50 personas en plantilla de instaurar un canal de denuncias en las empresas.
¿Qué empresas deben implantar el canal de denuncias?
Todas las empresas de 50 o más personas trabajadoras están obligadas a instaurar el canal de denuncias. Para ello, esta ley ha otorgado un plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor para instaurar este canal de denuncias para las empresas de 250 o más personas trabajadoras, mientras que las organizaciones con un número menor, este plazo se extiende hasta el 1 de diciembre de 2023.
Así, el plazo para tener implantado el Canal de Denuncias para las empresas de 250 personas o más finaliza el próximo 13 de Junio de 2023, y para las empresas de más de 50 personas el plazo es hasta el 1 de diciembre de 2023.
¿En qué consiste el canal de denuncias?
Esta Ley regula el canal de denuncias como un medio o herramienta donde las personas trabajadoras pueden trasladar información de posibles irregularidades dentro de la empresa de forma confidencial y a través de un proceso sencillo:
- Establecer el canal o canales creados para recibir posibles denuncias de la plantilla. Este canal puede ser un correo electrónico, una plataforma digital o, incluso, un teléfono. Aunque lo más recomendable es utilizar una plataforma que posibilite centralizar y automatizar el proceso.
- Definir el equipo o persona responsable del canal, aunque se recomienda que sea una única persona quien gestione las denuncias y, preferentemente, sea alguien de la dirección de la empresa.
- Elaborar un manual de uso del canal de denuncias para las personas trabajadoras. En este manual se podrá indicar para qué casos se puede utilizar este canal y el procedimiento a seguir para presentar una denuncia, así como el proceso que se desarrollará una vez se presente. Además, la entidad debe difundir tanto el canal de denuncias como este manual a toda su plantilla.
- Registrar las denuncias recibidas, recogiendo cada denuncia, los plazos y el proceso seguido para su resolución.
Objetivo de la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Tal y como se explica en su primer artículo, la finalidad de esta ley se centra en la protección frente a represalias que puedan sufrir quienes informen de acciones o irregularidades. De esta manera, se fortalece la cultura de la información y la integridad de las organizaciones, promoviendo la prevención y detección de posibles injusticias dentro de las empresas.
En este sentido, ya en 2021, a nivel europeo, se instauró a través de la Directiva (UE) 2019/1937 una nueva normativa en esta materia. Para conocer más sobre ella puedes leer nuestro post Whistleblowing, el canal de denuncias interno en la empresa obligatorio en España.
¿Cuáles son las sanciones económicas si no tienen las empresas implantado el canal de denuncias?
Si no se llevan a cabo las medidas impuestas por ley, las empresas recibirán sanciones que van desde muy graves, graves y leves:
Hasta 1 millón de euros
Sanciones muy graves
- Impedir o dificultar la presentación de informaciones y su seguimiento por parte del alertador
- No cumplir con el derecho de confidencialidad y anonimato del informante
- Practicar cualquier represalia
Hasta 600.000 euros
Sanciones graves
- Impedir o dificultar la presentación de informaciones y su seguimiento por parte del alertador que no tenga consideración de infracción muy grave
- No cumplir con el derecho de confidencialidad y anonimato del informante que no tenga consideración de infracción muy grave
- Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas para garantizar la confidencialidad y secreto de los informantes